Entrevista: "Nos piden cárcel por tres tartazos mientras Barcina descapitaliza una caja y se va de rositas"

Ver también entrevista en el medio La Marea

Al hilo del ciclo de charlas que esta semana ha tenido lugar en Madrid sobre el proceso judicial por los tartazos a Barcina, hemos podido leer en el medio Público.es esta entrevista con dos miembros de Mugitu, quienes desgranan las características de dicho proceso judicial y la desproporcionada petición de cárcel (de 5 a 9 años) solicitada por la Audiencia Nacional.
Os dejamos con el contenido de dicha entrevista:
  
"Nos piden cárcel por tres tartazos mientras Barcina descapitaliza una caja y se va de rositas"

El próximo 18 de noviembre se celebra el juicio contra cuatro de los activistas que estamparon tres tartazos a Yolanda Barcina, presidenta de Navarra. Uno de los imputados y un miembro del grupo de apoyo explican todo el proceso. En octubre de 2011, tres integrantes del movimiento contra el Tren de Alta Velocidad (TAV) irrumpían en la conferencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, celebrada en Toulouse (Francia), para estrellar tres tartas en la cabeza de Yolanda Barcina, presidenta de Navarra.

Dos años después, tres tartalaris -como han pasado a conocerse estos activistas del movimiento Mugitu!- y Mikel Álvarez, que entró con ellos en la conferencia junto a otros cuatro activistas, se enfrentarán el próximo 18 de noviembre en la Audiencia Nacional a peticiones de hasta nueve años de prisión por un delito de atentado contra la autoridad.

Con motivo de la proximidad del juicio, Álvarez y Beatriz Arana, miembro del grupo de apoyo a los tartalaris, explicarán durante este fin de semana el proceso judicial al que se enfrentan estos cuatro imputados y las razones del famoso tartazo en distintas charlas en centros sociales de Madrid. Antes han contestado a las preguntas de Público.

Dos años después de los tartazos se enfrentan a penas de hasta nueve nueve años de prisión. ¿Cómo valoran la petición de la fiscalía y la acusación particular de Barcina?

Mikel Álvarez: La fiscalía pide cinco años para los cuatro imputados y la acusación particular pide seis para tres personas y nueve para otra, por el agravante de que era un concejal de una localidad navarra. Nos parece algo desproporcionado por los hechos. Los tartazos no son una acción violenta, sino cómica, y no pretende causar ningún daño a la víctima. En Europa hay y ha habido muchísimos tartazos como forma de protesta social y a nivel mundial nunca se han solicitado penas de prisión como éstas.

Cuando ha habido procesos han acabado con multas de cientos de euros como mucho. Esto refleja un despropósito y un endurecimiento punitivo y la criminalización de una acción no violenta.

¿Qué opinan sobre el proceso de investigación sobre la Caja de Ahorros de Navarra en el que la presidenta estaba implicada?

Beatriz Arana: Barcina y otros integrantes de su partido (UPN) han descapitalizado, cobrando dietas irregulares, el mayor órgano financiero de Navarra. Vemos que esto va a pasar sin pena ni gloria. Los jueces no han visto en ello indicios de delito cuando se ha visto claramente que ha habido un desfalco de dinero. Se van a ir de rositas y eso es una muestra de la arbitrariedad de la justicia que en muchos casos no funciona. El sistema judicial está para favorecer a quienes detentan el poder y a quienes tienen bien asidas las riendas de la economía, en este caso UPN.

En cambio, ha habido una expresión popular del desacuerdo con la política de Barcina en relación al tren de alta velocidad, que consideramos negativo en términos económicos, sociales y medioambientales y han reaccionado de forma desmesurada pidiendo unas penas de prisión sólo por expresar el descontento popular.

Los famosos tartazos fueron contra el Tren de Alta Velocidad (TAV), pero ¿había más motivos?

B.A.: Efectivamente, fueron por el TAV, pero hay que dejar claro que la ciudadanía navarra tomó los tartazos con gran regocijo porque Barcina llevaba mucho tiempo atacando a todo el movimiento popular.

Antes del escándalo de la CAN, fue alcaldesa de Pamplona durante ocho años y se erigió como la mayor enemiga de los movimientos populares y las reivindicaciones sociales. Dio al traste con las choznas, esas casetas que se montan en fiestas y que suponen el instrumento de financiación de las plataformas ciudadanas. Tenían una afluencia de miles de personas y ella las atacó constantemente hasta que terminó prohibiéndolas y desaparecieron.

También durante su alcaldía derribó con excavadoras y gran presencia policial el gaztetxe Euskal-Jai, que llevaba ocupado diez años. Contaba con un frontón único que un año después de su derribo iba a ser declarado monumento artístico. Lo derribó y hubo unos días de intensa represión policial contra el vecindario que se movilizó para evitarlo.

Han sido reiterados sus ataques a los colectivos en defensa del euskera, de la educación pública y de las fiestas populares de los barrios.

¿Por qué se decidió que fueran tres tartazos en lugar de otra forma de protesta?

M.A.: El movimiento Mugitu!, en el que participamos, surge en 2010 al calor del movimiento de lucha de contra el TAV, contra el corredor navarro y la Y vasca. Ha habido muchos actores a lo largo de esta lucha. Nosotros practicamos la desobediencia civil y en ese repertorio está esta acción como una más.

La Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), de la que Barcina iba a ser presidenta desde ese día durante dos años, se reunía en Toulouse y ahí vimos una muy buena ocasión y lugar para llevar la protesta. El tema principal de esa reunión era la interconexión del corredor navarro, la Y vasca y líneas más allá de los Pirineos.

Los tartazos son una acción directa que refleja claramente la denuncia que presentas. Es una acción no violenta y muy gráfica.

B.A.: Es una acción simpática en al que no ejerces daño pero a la vez expresas un descontento. Es una forma de expresión que se ha hecho más veces en toda Europa. Han recibido tartazos Helmut Köhl (excanciller alemán), Nicolás Sarkozy (expresidente de Frnacia), Bill Gates,... Nos parece una forma de reivindicar muy comprensible y que llega a mucha gente.

¿Por qué piensan que se pide cárcel en este caso?

B.A.: Hay que recordar que cuando Barcina recibió los tartazos, se fue a lavar y volvió a la conferencia. Sonriente dijo: "Espero que mi presidencia en esta comisión sea tan dulce como ha empezado". Lo tomó como una broma, pero después llegó el ataque mediático en el que se hablaba de agresión.

Yo creo que se enmarca dentro del endurecimiento que se está dando en todo el Estado español de los castigos a la protesta popular. La reforma del Código Penal es una prueba del aumento de la represión.

M.A.: También se deba quizá a una cierta voluntad de venganza, ya que la acción suscitó mucho regocijo popular. Nos relacionaron con el entorno de ETA, por lo que tuvimos que convocar una rueda de prensa para explicarlo. Cuando llegamos a Pamplona, la Policía foral estaba esperando a dos de los tartalaris en sus domicilios, otro de un pueblo cercano fue detenido en su casa. Se les puso en libertad con una citación para comparecer en la Audiencia Nacional por atentado contra la autoridad y es cuando se inicia este proceso.

También había participantes franceses. ¿Qué les ha pasado a ellos?

M.A.: Se abrió una investigación policial pero la fiscalía archivó la causa.

B.A: Literalmente decía que no había indicios de delito.

M.A.: Es algo muy paradójico y es el argumento de nuestra defensa, que en Francia no se considera delito y aquí se abra un proceso en el que se nos piden penas de prisión.

¿Qué implica la construcción del TAV para que exista una oposición tan firme?

B.A.: El TAV es la infraestructura más devastadora que se ha pensado hasta hoy para Euskal Herria. Tiene consecuencias a nivel ecológico, social, económico y cultural y, entre todas ellas, no vemos ninguna positiva. Es la mayor plasmación del funcionamiento de este sistema en el que unos dirigentes toman decisiones sin tener en cuenta los efectos que eso va a tener el pueblo. Decimos que el TAV acerca lo lejano, pero aleja lo cercano.

Vemos que es una infraestructura muy elitista, pensada para hombres de negocios que tienen que ir rápido de un sitio a otro. Para unir capitales en detrimento de los pueblos pequeños y, a su paso, causa un gran perjuicio a las zonas rurales.

En el caso de Euskal Herria (corredor navarro e Y vasca), supone un coste de 10.000 millones de euros. Son 400 kilómetros de infraestructuras y conlleva la ocupación directa e indirecta de unas 2.000 hectáreas, porque el tren va unido, además de movimientos de tierra y desmontes, a plataformas logísticas, polígonos industriales, centros comerciales en la entrada de las ciudades y a una especulación brutal con el terreno. Es una forma de hacer crecer la metrópoli y convertir en artificial el terreno, perdiendo zonas fértiles y el hábitat de pueblos, además del daño ecológico por la cantidad de especies animales y vegetales que se verán afectadas.

La tradición de lucha contra los proyectos de alta velocidad en Euskadi y Navarra no se da en otras regiones del país. ¿Por qué creen que pasa esto?

M.A: Ha habido intentos de lucha en Catalunya, en Extremadura hay una coordinadora, en Asturias también. Ha habido muchos inicios pero venidos a menos. Sin embargo, el movimiento que hay en el País Vasco norte es muy fuerte, más aún cuando el tramo de conexión con el sur de Francia ha sido aplazado por problemas de financiación hasta 2030. Hay un movimiento popular y de alcaldes muy potente.

B.A: El discurso oficial en Euskal Herria ha llegado sin argumentos y la población no se lo ha creído, también gracias a la labor informativa que las organizaciones ciudadanas han llevado a cabo. Quizá en otras partes del Estado el discurso oficial haya calado más fácilmente.